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VUELTAS CON LA NUEVA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
El
pasado viernes el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de
Evaluación Ambiental. El objetivo de la reforma de la normativa actual parece ser agilizar los procedimientos administrativos, para “conjugar” el
cumplimiento de los plazos de las evaluaciones
con la protección del medio ambiente.
La vicepresidenta del Gobierno considera que esta ley es
"clave" para el sector del Medio Ambiente, pero también para el
sector de la inversión. A su juicio, la nueva regulación será más clara y ha
indicado que a partir de ahora la evaluación de impacto ambiental será más
rigurosa y estricta con los proyectos que puedan suponer un mayor impacto en el
medio ambiente y más rápida y menos costosa para aquellos en los que se prevé
unas implicaciones menores en el entorno.
Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos hay
indicado que en la nueva de Ley de Evaluación Ambiental, los proyectos de
'fracking' se someterán a evaluación de impacto ambiental ordinaria, para
evitar expresamente "dudas" en los procedimientos.
También, en declaraciones a Europa Press, Federico Ramos h precisado que la
ley quiere dar respuesta a una situación "injustificada" que es la
duración "excesivamente larga" de los procesos de evaluación
ambiental que se extienden, de media, durante 40 meses por proyecto, pero que
han llegado a durar en algún caso hasta 15 años. "No está justificado. Esto no protege el medio ambiente sino que es una
dilación indebida que no debe sufrir el ciudadano y demuestra que la
tramitación es ineficaz", ha dicho.
En cuanto a los trámites de participación pública, considera que 45 días son
suficientes para estudiar el proyecto y presentar alegaciones, así como para
mantener ese derecho y preservar el del promotor, inversor o de la
Administración a tener una respuesta en un tiempo "relativamente
ágil" y con garantías y ha añadido que Medio Ambiente espera bajar de
media un año el tiempo de respuesta a los procedimientos.
Por otro lado, estima que este plazo no supondrá una merma en la
información pública, sino que el promotor hará lo posible por tener lo antes
posible los informes que deba presentar para el procedimiento y ha precisado
que estos estudios e informes quedarán a disposición de todos los ciudadanos,
interesados y, "por supuesto" las ONG ambientales en el trámite de
participación pública.
Sin embargo, el proyecto de ley aprobado se encuentra con la oposición de
los grupos ecologistas.
En este sentido, Ecologistas en Acción considera que el proyecto de ley
esconde la mercantilización de la biodiversidad y que el borrador presentado
supone un retroceso en materia de prevención, y que los bancos de conservación
suponen un riesgo para la biodiversidad porque
crean un mercado de activos medioambientales, que favorece la especulación y
dificulta el control legal de los recursos naturales más sensibles.
El recorte de los plazos también supone, en su opinión, un aspecto negativo
de la reforma, porque afectará a la rigurosidad de las evaluaciones y limita la
participación pública.
Critican de forma especial el hecho de que en la nueva ley se asuma y
facilite que proyectos que no debían ser viables por su elevado impacto
ambiental, requieren medidas compensatorias, que se pueden desarrollar
comprando unos créditos valorados en función de las mejoras ambientales que se
lleven a cabo.
Para Ecologistas en Acción explica que esta "supuesta mejora ambiental
adquirida no aportaría nada a la biodiversidad, por cuanto sería una compensación
de un daño ambiental grave" y "nada garantiza que la mejora vaya a
funcionar o sea realmente equivalente al daño a compensar".
La mayor crítica se hace al mecanismo por el que se crean y negocian los
créditos del banco de conservación y que, en su opinión, no es más que un
mercado de títulos sobre activos ambientales otorgados a titulares de terrenos,
que se transmitirían en régimen de libre mercado y podrían ser negociables por
terceras partes en mercados secundarios. Se crearía así un mercado que queda en
manos de lo que decidan los mercados y, por lo tanto, de los intereses
puramente económicos y especulativos.
Ponen como ejemplo de esta incapacidad de los mercados el comercio de
derechos de emisión de CO2, que es una "burbuja especulativa creciente que
ni el Parlamento Europeo ha sido capaz de resolver".
MÁS INFORMACIÓN:
(FOTO: americanprogress.org)
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